El Ministerio Público ha sido instruido a no demorar estos permisos justificados con trámites burocráticos.
- El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, advirtió al Ministerio Público que dispone de un plazo de 8 meses para culminar la investigación y presentar su requerimiento conclusivo contra los imputados en una supuesta red de militares y civiles, acusados de estafar al Estado con más de 100 millones de pesos mediante sobornos.
- Asimismo, el magistrado ha declarado complejo el proceso judicial seguido a los implicados y dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para todos los encartados.
- La medida ordena que tiene una duración máxima de ocho meses, a menos que un tribunal competente decida sustituirla por una medida más gravosa si cambian los presupuestos que la originaron.
- El juez dispuso que las partes involucradas tienen un plazo de 20 días para recurrir esta decisión en apelación a partir de su notificación, conforme a los artículos 245 y 411 del Código Procesal Penal.
- MEDIDAS DE COERCIÓN IMPUESTAS A LOS IMPUTADOS:
- El juez Sena impuso arresto domiciliario a varios de los imputados, con la particularidad de que se les deben conceder todos los permisos necesarios para visitas médicas o cualquier otra diligencia urgente de carácter familiar que no amerite retraso.
- El Ministerio Público ha sido instruido a no demorar estos permisos justificados con trámites burocráticos.
- El tribunal dispuso arresto domiciliario para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Ramón Quezada Ortiz, Andrés Pacheco Varela, Wellington Peralta Santos, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y Luis Ernesto Vicioso Boció.
- Mientras que impuso impedimento de salida del país para Carlos Ambrosio Robles Díaz y Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Caamaño Pérez.
