La carta inicia con un recorrido histórico de las tensiones, destacando la invasión y ocupación haitiana de 22 años que sufrió República Dominicana.
- n una misiva enviada al Papa León XIV, fechada ayer 23 de junio, Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) y nieto del exdictador Rafael Leónidas Trujillo, expone la postura dominicana ante la problemática de la migración ilegal haitiana, buscando ofrecer una visión más "realista y auténtica" frente a un artículo publicado por Vatican News.
- La carta inicia con un recorrido histórico de las tensiones, destacando la invasión y ocupación haitiana de 22 años que sufrió República Dominicana, advirtiendo sobre las secuelas de la enorme carga de indocumentados del país vecino.
- A continuación, el texto íntegro de la carta:
- Santo Padre
- León XIV
- Ciudad del Vaticano
- Su Santidad:
- Con la mayor reverencia y profunda fe en Cristo, me dirijo a Usted, movido por el más genuino amor a Dios, a la verdad y a mi patria, como fiel católico practicante, dominicano, y presidente del Partido Esperanza Democrática (PED). Recientemente he leído con gran atención el artículo publicado por Vatican News titulado “Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo”.
- Como dominicano comprometido con la paz, la justicia y la defensa de mi nación, me siento en la obligación moral de presentarle una visión más terminada, realista y auténtica que considero esencial para comprender la complejidad de esta situación. La historia de las tensiones entre la República Dominicana y Haití tiene raíces profundas, que se remontan a los tiempos coloniales.
- En el año 1801, nuestra nación fue víctima de la primera invasión del territorio dominicano por parte del entonces general Toussaint Louverture, dando inicio a una sucesión de hechos trágicos.
- Aquel episodio fue seguido por una cruel ocupación de 22 años que oprimió a nuestro pueblo, cercenó nuestras instituciones y nuestra cultura, hasta que logramos liberarnos mediante una sangrienta y tenaz conflagración en 1844. Esta lucha por nuestra independencia no fue sólo militar, sino también espiritual y cultural, y sigue siendo un pilar de nuestra identidad.
- Hoy, como ayer, nuestro compromiso debe ser, ante todo, salvaguardar los intereses y la seguridad de nuestro pueblo. Sin embargo, a pesar de sus limitados recursos, nuestra nación ha extendido históricamente una mano solidaria al pueblo haitiano. Hemos acogido, socorrido y asistido a millones de ciudadanos del país vecino, incluso por encima de nuestras posibilidades.
- Se estima que más del 10% de nuestro presupuesto nacional -superior a los 2,000 millones de dólares anuales- se destina actualmente a atender las necesidades de inmigrantes haitianos naturalizados e ilegales.
- Esta generosidad ha sido motivada por nuestra vocación cristiana de ayuda al prójimo, pero ha llegado a un punto de sobrecarga insostenible. Durante décadas hemos suplicado la intervención de la comunidad internacional en Haití, sin resultados.
- Lejos de atender ese llamado, algunas grandes potencias han favorecido una peligrosa política de integración forzosa de ambas naciones, ignorando nuestra historia, nuestra soberanía, y los derechos del pueblo dominicano a preservar su identidad.
- Al leer el artículo de Vatican News, me resultó profundamente preocupante que se presente de forma parcial una problemática tan delicada. Es una narrativa que omite la carga social, económica y de seguridad que padecemos diariamente.
- Lamento profundamente que la realidad dominicana no haya sido reflejada con la objetividad y profundidad que merece. Esta falta de imparcialidad se debe, en gran parte, a la irresponsabilidad en el manejo de la retórica en el campo internacional por parte de nuestros propios gobiernos, así como a la complicidad de algunos sectores nacionales que favorecen la mano de obra ilegal para enriquecerse a costa del maltrato y de las paupérrimas condiciones que imponen de manera abusiva a estos nacionales.
- En este contexto, es necesario hacer referencia a las medidas migratorias anunciadas por el gobierno dominicano y que dicho artículo destaca como censurables.
- Aun reconociendo la necesidad de formular un plan definitivo migratorio, es importante reconocer que, dadas las limitaciones financieras, logísticas y estructurales que enfrenta actualmente la República Dominicana, resulta extremadamente difícil materializar el plan de 15 puntos anunciado por el Presidente Abinader para enfrentar esta crisis.
- Por ejemplo: se ha proyectado la repatriación de hasta 40,000 personas mensualmente, una cifra que, aunque refleje una aspiración ineludible, supera con creces la capacidad operativa actual de la Dirección General de Migración, que difícilmente podría gestionar más de 15,000 repatriaciones mensuales en condiciones óptimas.
- Con relación al término “caza al haitiano”, deseo expresar de forma clara y firme que los inmigrantes haitianos que están siendo regresados se encuentran en condición de ilegalidad y en franca violación de las leyes migratorias de nuestro país.
- Aunque el cumplimiento estricto de la ley pueda resultar incómodo para algunos, es un deber inevitable de todo Estado mantener el orden público y proteger sus fronteras.
- Desde luego, es primordial, respetar los derechos individuales y garantizar que todo proceso de repatriación se realice con estricto apego a los principios de humanidad y dignidad.
- Pero también es fundamental reconocer el derecho soberano que tiene cada nación de hacer cumplir sus leyes, incluidas las leyes migratorias, en resguardo de su estabilidad institucional y su integridad territorial.
- Asimismo, deseo referirme a lo expresado en el artículo sobre la falta de excepción para las mujeres embarazadas.
- Esta es una situación profundamente sensible, pero debe ser comprendida en toda su dimensión. En una gran cantidad de hospitales dominicanos, la mayoría de los partos corresponden a mujeres haitianas en condición de ilegalidad, que cruzan la frontera con el único propósito de dar a luz en territorio dominicano, sabiendo que aquí reciben atención médica gratuita mientras que en su país se les cobra.
- Esta práctica ha provocado una gravísima sobrecarga en el sistema de salud, desplazando incluso a ciudadanas dominicanas que quedan sin acceso a servicios médicos esenciales. En algunos centros hospitalarios, hasta el 62% de los partos registrados corresponden a mujeres haitianas, lo cual refleja una situación insostenible.
- En total, la República Dominicana gasta aproximadamente 900 millones de dólares anuales en atención médica para inmigrantes legales e ilegales.
- No es justo que, siendo la salud un derecho cardinal garantizado por nuestra Constitución para todos los dominicanos, ese derecho se vea severamente afectado por una sobrecarga causada por la inmigración irregular.
- Esta situación no solo compromete la sostenibilidad del sistema de salud, sino que vulnera los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, obligándolos a competir por las escasas camas disponibles en los centros hospitalarios dominicanos. Incluso, la prioridad sistemática que se le otorga en muchos hospitales públicos a ciudadanos haitianos ha llevado a que dominicanos en condición crítica hayan fallecido al quedar desplazados por la saturación de estos servicios.
- Sí coincido plenamente con la preocupación expresada en el artículo respecto a las condiciones de los centros de detención migratoria. Es una realidad que exige atención urgente, irregularidades incluso, que venimos denunciando hace un tiempo.
- Como país, debemos asumir la responsabilidad de mejorar sustancialmente estas instalaciones y garantizar que las personas detenidas reciban un trato digno, en conformidad con los principios cristianos y los derechos humanos fundamentales.
- Es imperativo agilizar los procesos administrativos para que los detenidos no permanezcan retenidos por períodos prolongados sin una resolución clara.
- Asimismo, debemos erradicar la corrupción en estos centros, un reflejo del mal endémico que afecta a muchas esferas del poder y que, en este caso particular, entorpece los procesos migratorios. Es por todas estas razones, que hemos propuesto la creación de tribunales especializados en materia migratoria y una Fiscalía de Frontera, para asegurar procesos más rápidos, justos y efectivos.
- Aspiramos a un sistema más equitativo, más humano y transparente, en el cual la ley se aplique sin abusos, sin demoras y sin privilegios. Estoy absolutamente convencido de la necesidad de implementar un plan consciente pero determinado para resolver esta creciente crisis migratoria, que ya no es una opción política, sino una necesidad imperiosa para la supervivencia institucional y social de la República Dominicana.
- La situación actual exige un enfoque más realista, apoyado en medidas firmes pero viables, y acompañadas por una intervención internacional urgente y orientada a la reconstrucción de Haití, que es la raíz verdadera de esta tragedia humana, y lo cual es fundamental para aliviar la presión migratoria que hoy recae sobre nuestro país.
- En ese sentido, fui el primero en presentar públicamente en el año 2011, la propuesta de construir un muro fronterizo entre la República Dominicana y Haití, entendiendo de forma anticipada la urgencia de salvaguardar nuestras delimitaciones territoriales, fortalecer nuestra soberanía y establecer mecanismos eficaces de control fronterizo.
- La ausencia de este muro ha permitido una entrada descontrolada, no solo de inmigrantes haitianos ilegales, sino también de contrabando de productos, tráfico de armas, drogas y, de forma aún más alarmante, el aberrante tráfico de niños. Esta situación pone en riesgo nuestra seguridad nacional, el orden público y los valores fundamentales de nuestra sociedad.
- Pese a las múltiples críticas recibidas, debemos destacar que, al igual que en los tiempos bíblicos en el que el muro de Jericó sirvió para proteger al pueblo elegido y preservar su integridad frente a las amenazas externas; de igual manera, la República Dominicana necesita una barrera firme -no como un acto de rechazo al hermano, sino como una manifestación de responsabilidad patriótica y amor al prójimo- que le permita proteger su territorio, su población y su futuro.
- Es importante señalar que, debido a las múltiples diferencias prioritarias del actual gobierno, esta medida fronteriza se ha quedado rezagada y sin el impulso necesario para convertirse en una realidad tangible.
- En lo jurídico, el artículo menciona que en nuestro país habría más de un millón de refugiados haitianos. Esta aseveración no sólo es imprecisa, sino también preocupante. La normativa internacional establece con claridad que el estatus de refugiado debe ser solicitado formalmente a través de la Oficina Nacional para Refugiados, lo que no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos.
- Se trata de inmigrantes ilegales que han entrado al país sin control, y cuya presencia masiva amenaza con provocar el colapso del Estado dominicano a corto plazo. En ese mismo sentido, si nos sometemos al criterio bíblico, podemos observar que, la palabra sagrada del Señor establece claramente la importancia del orden, la obediencia civil y la protección del territorio otorgado por Dios a cada pueblo.
- Como bien lo establece Romanos 13:1- 7, las autoridades están llamadas a mantener la justicia, el orden y la paz. No hacerlo sería traicionar los deberes que nos ha confiado el Señor.
- Deseo dejar expresamente claro, que mis palabras no emanan en lo absoluto de un sentimiento xenofóbico, mucho menos racista, ni anti haitiano, pues creo firmemente que todos somos iguales ante los ojos de Dios, con la misma dignidad, valor y derecho a la vida.
- Muy por el contrario, mis expresiones derivan desde un profundo sentido de responsabilidad como dominicano, conociendo de cerca las difíciles circunstancias en las que vive la gran mayoría de nuestro pueblo, sumido en la pobreza y en condiciones de gran precariedad. Como líder político, me corresponde, ante todo, velar por los mejores intereses del pueblo dominicano.
- Más allá de las extraordinarias diferencias culturales, sociológicas, religiosas -incluyendo nuestras profundas diferencias de creencias y prácticas de fe-, así como económicas, históricas, lingüísticas y estructurales que existen entre nuestras dos naciones, mi deber prioritario es luchar por el bienestar de los nuestros.
- Le ruego que considere con atención esta otra cara de la verdad. La situación actual no es sólo una crisis migratoria, sino una invasión sistemática y prolongada que compromete nuestra estabilidad nacional.
- Le suplico que eleve sus oraciones por la paz en la isla, pero también que utilice sus buenos oficios para propiciar una mayor conciencia internacional. Haití necesita intervención urgente, con manos poderosas y capacidad militar para restablecer el orden, implantar la paz y sentar las bases de su reconstrucción, con la participación de aquellas naciones desarrolladas y los organismos internacionales que sí tienen los recursos, la capacidad institucional y la responsabilidad de asumir esta inapelable tarea.
- Solo generando condiciones dignas de vida en su país de origen podrá garantizarse el regreso voluntario y sostenible de sus nacionales. He propuesto incluso que cualquier ayuda humanitaria que hoy reciba la República Dominicana, sea directamente canalizada hacia Haití, con la única condición de que seamos liberados completamente de la carga migratoria y el peso económico que representa para nosotros y nuestros ya frágiles sistemas de salud, educación, economía y seguridad, el desenfreno migratorio de Haití hacia la República Dominicana.
- Santo Padre, con el mayor respeto y fe, me encomiendo a su oración y a su autoridad moral, con la esperanza de que esta misiva sirva para traer equilibrio, verdad y justicia a una causa que clama desde lo profundo del alma del pueblo dominicano.
