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Una sanción injusta a un oficial de la policía

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DILEMA. LO LEGAL NO SIEMPRE ES JUSTO

Hace semanas circula en las redes sociales un supuesto memorando de castigo que sanciona a un oficial superior de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) -antigua AMET- por presuntamente “haber actuado con negligencia en el cumplimiento de su deber al no informar” ni “tomar las medidas pertinentes” sobre la distribución de viáticos procedentes de un ministerio del Estado a miembros de esa entidad que realizaron un servicio, aseverando que en esa dependencia está prohibido que sus agentes reciban “donaciones” y “dádivas”, situación que fue determinada por una comisión de alto nivel.

Con este escrito, nuestro objetivo no es defender al referido oficial sancionado, sino hacer un análisis ponderado del supuesto memorando de castigo desde la óptica de nuestra modesta experiencia, por haber sido jefe de la Policía Nacional por un período de tres años; director de Seguridad Vial y subdirector de AMET por casi cuatro años, además de ser graduado de la carrera de Derecho, a fin de establecer si el hecho de haber recibido viáticos de una institución del Estado por servicios prestados constituye en sí un acto de corrupción, y si puede equipararse el recibir viáticos, con aceptar dádivas o donaciones.

Este caso nos proporciona espacio para un debate interesante sobre el terreno difuso de la corrupción policial, pues es sabido que no siempre lo legal es justo, ya que la concepción iusnaturalista de la justicia como expresión de un orden natural y las penales, no siempre son coincidentes, puesto que la realidad generalmente supera al legislador, y tratar de equilibrar una respecto de la otra ha sido una ardua tarea que han tenido innumerables magistrados desde siglos inmemoriales, a quienes les ha correspondido pronunciar el último veredicto sobre asuntos tan interesantes por su enfoque como resbaladizos por sus consecuencias.

No cabe duda que las instituciones de naturaleza policial deben sancionar a todo miembro o funcionario que reciba “dádivas”, ya que con esa “limosna” un agente puede dar inicio a una carrera viciosa hasta el más alto escalón de la corrupción; no obstante, en el caso en cuestión, se trataba de “viáticos legales” sufragados por un ministerio del Estado, provisión contenida en la estructura programática de bienes y servicios anualmente incluidas en el proyecto de Presupuesto del Gobierno Central, y recibirlos no constituye un acto de corrupción, sino una compensación por trabajo realizado, que va en ayuda a sus miserables sueldos de policía.

Para los fines de este análisis, tenemos que diferenciar la “dádiva” equivalente al soborno o cohecho, de los viáticos o dietas, pues sabemos que el tema es escabroso.

Empezaremos por definir cada uno para aclarar conceptualmente todo el contexto a los efectos de una sanción a todas luces injusta o al menos desproporcionada, en razón, que solo el hecho de insinuar que el sancionado oficial haya recibido dádivas, lo implica en un delito tipificado en el Art. 177 del Código Penal Dominicano sobre “Soborno o cohecho de funcionarios públicos”, pues por definición, el “cohecho” es un delito que implica la entrega de un “soborno” para corromper a alguien y obtener un favor de su parte.

Mientras que por definición, “viático o dieta” es un concepto extrasalarial de procedencia legal, de naturaleza compensatoria, y de carácter ocasional, que tiene como finalidad la compensación de los gastos de alimentación de un funcionario o trabajador, ocasionados como consecuencia de una situación de desplazamiento de su lugar habitual.

El cohecho o dádiva, igual que otros delitos como el tráfico de influencias, para poner un ejemplo, es una figura de no muy fácil procesamiento y de solución compleja, pues hay que distinguir la intención última del sujeto “obsequiado” y el individuo “dadivoso”.

Por estas razones, penetrar en el propósito de quien recibe la dádiva o soborno y de quien lo da, es la misión compleja de los investigadores de este caso y del responsable de aplicarla. Pero, en el caso de nuestra especie no se establecen los elementos constitutivos del tipo penal, ya que fueron viáticos provenientes de un ministerio del Estado, carentes de la intención de “corromper” o pedir “un favor” a cambio.

Del mismo modo que el blanco no es la pureza, aunque sí su distintivo, ni el negro es el pecado, pero sí su emblema representativo, y entre ambos existe un catálogo de tonos grises, así también, en paralelo, pudiera decirse que el recibir una dieta legal por parte de una institución estatal proveniente de otra gubernamental para la realización de un servicio al mismo Estado -cosa muy común- constituya un acto sancionable, existe una especie de limbo de tolerancia en el que, sin una ley que la ampare pero tampoco que la castigue, ciertas costumbres o prácticas adquieren un carácter natural, de manera que nadie o muy pocos tendrían que llegar al dramatismo de rasgarse las vestiduras.

Diferente hubiese sido que el referido comandante, amparado en su potestad oficial, ordenara motu proprio una misión a los agentes bajo su mando para “facilitar” un servicio a una entidad privada a cambio de un pago en efectivo o regalo de cualquier naturaleza, pues ya caería en el campo del delito de cohecho.

Aclarado todo lo anterior, procederemos a realizar otros señalamientos al referido memorando de castigo. En primer lugar, se nota que la fecha de elaboración del documento es 16 de mayo del 2018, dirigido a dicho oficial, ya no en calidad de subdirector general, función que ostentaba al momento de los hechos y de la designación de una comisión de alto nivel de fecha 01-05-2018, sino como asesor en materia de tránsito, lo que a simple vista se infiere que el mismo fue destituido de su cargo antes de que la comisión investigadora concluyera la misma.

¿Es legal la imposición de doble sanción por el mismo hecho? Si al momento de la designación de la comisión investigadora el oficial era el subdirector general, ¿qué otro oficial de más alto nivel con capacidad jerárquica para investigar que no fuera el mismo director general en persona?

También, el documento contiene un error cuando dice “Ley Institucional”, pues la actual es ya una “Ley Orgánica de la Policía Nacional”, cuyo fundamento jurídico utilizado en sus articulados 155, 156 y 158 fue correcto en cuanto a la facultad sancionadora, tratándose, tal como dice el escrito, de una simple falta por la no información de un proceso a su superior (negligencia).

No obstante, luego está el otro tipo de falta descrita, notándose una marcada contradicción en el mismo memorando cuando expresa por un lado que se recibieron viáticos, y después se refiere a dádivas y donaciones, dejando un espacio nebuloso que llama a confusión, lo que daría a entender que más bien se tratarían en ambos casos de estar vinculados con los numerales 18 y 19 del Art 153 relativo a las faltas graves, en cuyo caso, el director general perdería la facultad sancionadora, ya que el art. 158 en su numeral 2 se las atribuye al Consejo Superior Policial.

Observando el documento en todo su contexto, pareciera que se redujo la supuesta falta cometida a “falta leve” para asegurar la sanción del oficial, y no correr el riesgo de que en la instancia del Consejo Superior Policial pudiera verse claro su “no ha lugar” y, por tanto, no poder ser destituido. Esto último nos llama a otro cuestionamiento:

¿Qué es más grave, destituir a un funcionario por la presunta recepción de viáticos del Estado para luego “premiarlo” con un jugoso sueldo de “asesor”, o la falta en sí misma de recibir una ínfima dieta de un día?

Terminamos este análisis reiterando que el mismo no tiene como propósito salir en defensa del oficial en cuestión, pues si éste fue negligente en no informar a su superior sobre un hecho de su competencia, la sanción fue correcta, pero lo injusto es dejar una nebulosa con el tufo a corrupción de uno de sus miembros ante su institución, su familia y la sociedad, por el hecho de la interpretación confusa o ambigua que resulta de la circunstancia común en nuestro medio de recibir viáticos entre dependencias interinstitucionales, o frente a la calificación del caso como “aceptación o recibo de dádivas”, ya que esto último constituye un delito penal. Ante este caso, me sumo entonces a los que, como el filósofo Platón, creen que “la peor forma de injusticia es la justicia simulada”.

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