Camacho citó un ejemplo claro de la desconexión entre la ley y la realidad operativa: el Código Procesal Penal (CPP) establece un plazo de ocho meses para la investigación en casos complejos, con una prórroga máxima de cuatro meses
- Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, enfatizó la necesidad de abordar no sólo las cuestiones prácticas de cómo se aplica la justicia, sino también las reformas fundamentales que deben hacerse al marco legal.
Respondiendo a las preocupaciones de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Camacho sostuvo que la discusión debe ser dialéctica, considerando tanto el "cómo" como el "qué" debe modificarse en el sistema.
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Wilson Camacho, cuestiona limitaciones del Código Procesal Penal en casos complejos
Camacho citó un ejemplo claro de la desconexión entre la ley y la realidad operativa: el Código Procesal Penal (CPP) establece un plazo de ocho meses para la investigación en casos complejos, con una prórroga máxima de cuatro meses.
Los actores del sistema coincidieron en que el sistema debe someterse a una reforma.JORGE CRUZ/LD.
Sin embargo, una solicitud de cooperación internacional, como obtener información bancaria en Panamá, puede tardar cuatro meses por sí sola.
"Como la voy a hacer en ocho meses porque el código, cuando se le [legisló], no pensó en este nivel de [dificultad]", señaló, evidenciando que los plazos no están adaptados a la naturaleza transnacional de muchos delitos modernos.
INVERSIÓN EN CAPACIDADES Y EVIDENCIA CIENTÍFICA
El procurador adjunto hizo un llamado a invertir en los sectores clave de la justicia, al tiempo de mencionar el caso de Chile, que, previo a una reforma, eliminó el Ministerio Público anterior para luego reconstruirlo con una inversión masiva, resultando en uno de los mejores ministerios públicos de América Latina.
“Esta inversión implica fortalecer la evidencia científica”.
De izquierda a derecha: el abogado y profesor, Ramón Emilio Núñez; la subdirectora técnica de la Defensa Pública, Croniz Bonilla; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto Sánchez; la jueza Esmirna Gisselle Méndez; el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; y el abogado Francisco Álvarez.JORGE CRUZ/LD.
Camacho reconoció que, si bien se busca la ciencia en los procesos penales, la realidad es que muchos casos, especialmente los que involucran a "los descamisados" (personas de bajos recursos), se basan más en pruebas testimoniales que científicas.
Insistió en la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta del INACIF y de que en todas las jurisdicciones del país se pueda contar con un certificado forense en la audiencia para casos como los de drogas, evitando situaciones anacrónicas donde la sustancia se lleva a la sala sin una experticia previa oficial.
"Se trata de aumentar la capacidad de respuesta y no necesariamente solo de instalar la capacidad de respuesta, porque en veinte años hemos hecho algunas cosas", puntualizó.
LA IMPUNIDAD DE LA EXTINCIÓN
Camacho abordó la preocupación sobre la dilación de los procesos y afirmó que, en la República Dominicana, no ha habido un solo procesado que haya hecho tanto daño en un caso como para que no se juzgue.
Subrayó que el problema es la dilación de la justicia que lleva a la extinción de los casos, en lugar de una sentencia de culpabilidad o inocencia. Esto, para Camacho, es un problema sistémico que afecta la justicia dominicana.
Consideró "preocupante" que la gestión de audiencias y los plazos no se vean como una responsabilidad colectiva de todo el sistema de justicia, sino que a menudo recaiga solo en el fiscal o en otros actores.
Citó el caso de la "manzana" como ejemplo de un proceso donde la dilación no parece preocupar, y donde la resolución por extinción se percibe como algo aceptable, cuando en realidad es un problema de gestión que debería corresponder socialmente al órgano acusador y a todos los implicados.
